¿Cero dispositivos hasta los 6 años y móviles analógicos de 12 a 16?

El informe, que incluye un diagnóstico de 150 páginas sobre el impacto de las tecnologías en los menores de edad, propone 107 medidas para la generación de un entorno digital seguro para los menores. Los trabajos que empezaron en marzo bajo la presidencia de la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital Ana Caballero se han estructurado en seis grupos: salud, educación, privacidad, industria y consumo, derechos, participación y pornografía/violencia sexual.

 

Las principales medidas son:

 

Recomiendan no exponer en absoluto a los niños menores de tres años. A partir de esa edad hasta los seis años también se desaconseja su uso y se recomienda solo de forma puntual con el único fin de "mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial".

 

También plantea a los adultos que limiten el uso de los dispositivos en presencia de menores de 6 años. Y desde esa edad hasta los 12 años, indican los expertos, deberían tener prioridad las actividades vivenciales, como las deportivas, y se debería limitar el uso de los móviles bajo la supervisión de un adulto y para acceder puntualmente y con límites prefijados únicamente a contenidos adaptados a su edad y capacidad.

 

De 12 a 16 años solo se deberían utilizar teléfonos analógicos —sin acceso a internet y limitado a las llamadas—. En caso de que las familias decidan entregar a los menores un móvil inteligente, se recomienda que lo hagan con herramientas de control parental instaladas en el dispositivo para monitorear el tiempo y los contenidos consumidos, y no permitir el acceso a redes sociales.

 

Las empresas del sector tecnológico también deberían cumplir con algunas recomendaciones sobre los dispositivos digitales, como la inclusión de un etiquetado sobre los riesgos para la salud que conlleva el uso de dispositivos digitales y aplicaciones, y el acceso a contenidos no apropiados para el desarrollo de la infancia y adolescencia.

 

Estas advertencias deberían estar redactadas en un lenguaje claro y accesible y aparecer en las pantallas al abrir una determinada aplicación o plataforma online, explicando los riesgos para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado.

 

También recomienda que los fabricantes, generadores de software y productores de servicios digitales (plataformas, redes sociales, mensajería) tengan ya instalada "por defecto" el control parental.

 

En relación con la protección de los derechos de los menores, el comité plantea la regulación de las personas creadoras de contenido, incluidos los niños influencers.

 

Propone, por ejemplo, la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”, independientemente de que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente.

 

Otro de los pilares del informe del comité es el plan de Alfabetización Mediática e Informacional, promovido activamente desde hace 10 años por la Unesco, con el objetivo de dotar a niñas, niños y adolescentes de las destrezas y herramientas necesarias para no estar desprotegidos en los espacios digitales.

 

En el ámbito educativo, los expertos instan a regular el uso de los dispositivos digitales en los centros eeducativos,diferenciando entre los de uso privado del alumnado y los de los propios centros.

 

Los de uso privado del alumnado no deberían estar permitidos en educación infantil y primaria, y se deberían limitar a un uso como herramientas pedagógicas en secundaria.

 

El grupo de expertos que ha elaborado este informe ha contado con representación del Plataforma de Organizaciones de Infancia, UNICEF, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

 

También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal. Además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.

 

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